TEMAS Y ALGUNOS PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA PARA RESOLVER EL ASPECTO CANÓNICO SOBRE LA MISA CATOLICA.

TEMAS Y ALGUNOS PRINCIPIOS

A TENER EN CUENTA PARA RESOLVER EL ASPECTO CANÓNICO

SOBRE LA MISA CATOLICA.

(SE TRATA DE EXPONER ALGUNOS PUNTOS

QUE LUEGO DEBEN SER DESARROLLADOS Y COMPLETADOS)

I) CUESTIONES PRELIMINARES:

Creo que no puede comenzarse a fundamentar ningún punto sobre la permanencia de la Misa llamada “tradicional” si no se sientan algunas premisas fundamentales.

A) Aspectos histórico - dogmáticos sobre la Misa ROMANA.

La Santa Misa, tal como se celebró en la Iglesia hasta la llegada del “Novus Ordo Misae” de Pablo VI, responde a la necesidad de cumplir el mandato dado por el mismo Cristo a los Apóstoles de celebrar el Santo Sacrificio del Calvario, rehaciendo, en Su Memoria, aquello que Él mismo había realizado en la última Cena.

Los Apóstoles observaron fielmente esta orden y se puede decir que ello, con la dispersión de los mismos Apóstoles, dio origen a cuatro grandes ritos (antioqueno, alejandrino, galicano y romano).

En su contenido hay elementos instituidos por el mismo Cristo, otros por los Apóstoles, y por fin, algunos introducidos por disposición de los romanos Pontífices y confirmados por la tradición.

“Y siendo conveniente -dice el Concilio de Trento, que las cosas santas se manejen santamente; constando ser este sacrificio el mas santo de todos; estableció muchos siglos ha la Iglesia católica, para que se ofreciese, y recibiese digna y reverentemente, el Sagrado Canon, tan limpio de todo error, que nada incluye que no de a entender en sumo grado, cierta santidad y piedad, y levante los ánimos de los que sacrifican; porque el Canon consta de las mismas palabras del Señor y de las tradiciones de los Apóstoles, así como también de los piadosos estatuidos de los santos Pontífices”[1].

Si en su sustancia, dejando de lado algunas incorporaciones secundarias, de ornamentación y devoción local, no había, al menos en occidente, un rito distinto, todas las particularidades salvaban y pertenecían al tronco original del rito romano, tal como se fijó en tiempo de San Gregorio Magno (590-604), el cual la Iglesia conformó por medio de ceremonias, “como bendiciones místicas, luces, inciensos, ornamentos y otras muchas cosas de este género, por enseñanza y tradición de los Apóstoles”[2].

El P. Fontescue señala que “desde Gregorio Magno, se considera el texto, el orden y la disposición de la Misa, como la tradición sagrada que nadie se atreve a tocar, salvo en detalles secundarios”.

La Misa es la expresión más perfecta del culto que la misma Iglesia rinde, por medio de su Cabeza, al mismo Nuestro Señor y a toda la Trinidad…

En ella y por ella, se da el único y perfecto sacrificio agradable a Dios, y se satisface acabada y plenamente el deber de religión que el hombre tiene para con su Creador y Redentor, porque se ofrece, aunque de modo incruento, el mismo Cuerpo y Sangre del Cordero Inmaculado, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

En el rito veinte veces secular de la Iglesia romana se exponían de manera manifiesta los dogmas afirmados por Ella misma y verdades siempre creídas por el pueblo cristiano acerca del Santo Sacrificio del Altar, de modo tal que en el mismo rito se hacía evidente y cumplía la verdad del adagio “lex credendi, lex orandi; lex orandi, lex credendi”.

La “fijeza” de dicho rito, en sus oraciones, ceremonias, etc. está amparada entonces por la misma inmutabilidad del dogma.

Es parte esencial de la misma vida y existencia de la Iglesia, de su verdad y santidad, de su unidad y catolicidad.

El reformarlo totalmente, y mucho más el cambiarlo, no parece ser un derecho de nadie, ni aún del mismo vicario de Cristo a quien le fue confiado el conservar intacto “el depósito de la fe” y todo lo que a él se refiere…

Si hablando de suyo y en absoluto, el Papa, no está limitado en su poder, y podría reformar lo dispuesto por alguno de sus antecesores, hablando en concreto, tiene limitaciones que resultan de los propios deberes del cargo y de los objetos y doctrinas que pertenecen a la esencia y constitución misma de la Iglesia fundada por Cristo, y que le han sido dadas para conservar, defender y/o desarrollar en forma homogénea, sin alterar sus sustancia…

Entre estas cosas entra el rito del Santo Sacrificio de la Misa en su rito romano, que es una tradición de la misma Curia romana y que se remonta, en sus partes más importantes al siglo IV, y cuyo canon, con algunas modificaciones efectuadas bajo San Gregorio conserva la misma forma hasta el día de hoy.

Es pues una verdadera costumbre en el sentido lato y también estricto de la palabra, en su sentido vulgar y también canónico.

Y Santo Tomás, hablando acerca de la obligatoriedad de las costumbres, trae como argumento de autoridad a San Agustín en una carta a Casulano: “La costumbre del pueblo de Dios y las instituciones de nuestros antepasados han de ser consideradas como leyes; y los que violan las costumbres de la Iglesia deben ser castigados tanto como los que desobedecen las leyes divinas”[3].

Esta tradición, costumbre, según el pensamiento del doctor común, es ley, tiene fuerza de ley y debe se respetada, conservada como tal.

B) La Bula “Quo Primum Tempore” de San Pío V:

La Bula “Q.P.T.”, no se identifica con el rito romano - la Bula no es el rito romano -, no fabricó ningún nuevo rito, no reformó radicalmente el rito hasta entonces quince veces secular, ni fue una reconstrucción arqueológica, sino la sola restitución de un pasado aprobado “como siempre lo ha entendido y enseñado la Iglesia católica”[4].

Fue dictada por San Pío V para restaurar el rito romano “a la prístina norma y rito de los Santos Padres”, canonizando una costumbre hasta entonces quince veces milenaria, con fuerza de verdadera ley, y que impone la obligación de recitar o cantar Misa conforme a dicho rito, ha todos aquellos a quienes ella alcanza, pero dejando a salvo el derecho de los demás ritos no romanos y las instituciones aprobadas desde el principio por la misma Sede romana o las celebraciones que se asienten en costumbres de más de doscientos años.

a) Alcance jurídico de la Bula.

Es ley humana, cuya fuerza emana de la elección razonada y libre del legislador humano, que manifiesta de manera clara, expresa y completa la naturaleza y extensión de su voluntad:

Ella impone una obligación jurídica utilizando los términos tradicionales del derecho. La voluntad del legislador aparece con diversas modalidades en la minuciosa y la larga enumeración final. Especifica en detalle las personas, tiempos y lugares sometidas a sus disposiciones. La obligación es impuesta de forma coactiva, estableciendo penas explícitas para sus infractores. Expresamente señala qué no deroga del pasado, y qué abroga totalmente.

Además se impone su validez a perpetuidad, respetando la formas canónicas para tal medida, y que es avalada por tres circunstancias de fondo:

1) el fin perseguido: que exista un sólo Misal, idéntico en todas partes, a fin de que, por la unidad de la oración pública, se destaque y se proteja la unidad de la fe;

2) el método seguido: ni una fabricación artificial, ni una reforma radical, sino la restitución a un pasado aprobado; el Papa dirigió “sus pensamientos hacia aquellas cosas que tendieran a conservar puro el culto de la Iglesia”, restaurando el Misal “a la prístina norma y rito de los Santos Padres”.

3) los autores: el Papa obra con toda la fuerza de su autoridad apostólica, en conformidad exacta al deseo del Concilio ecuménico de Trento y a la Tradición interrumpida de la Iglesia Romana, y en conformidad (en las partes esenciales de la Misa) con toda la Iglesia Universal.

Cada una de estas características tomadas individualmente y más aún en su conjunto, nos aseguran una razón más para sostener que ningún Papa podrá jamás derogar el rito romano…, y aún la inderogabilidad de la misma Bula de San Pío V.

II) La Constitución “Missale Romanum”:

El Concilio Vaticano II, en su Constitución “Sacrosanctum Concilium”, dispuso sobre la Santa Misa lo siguiente: “Revísese el ordinario de la Misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. En consecuencia, simplifíquense los ritos, conservando con cuidado la sustancia; suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido; restablézcanse, en cambio, de acuerdo con las primitiva norma de los Santos Padres, algunas cosas que han desaparecido a causa del tiempo, según se estime conveniente o necesario”[5].

Las modificaciones que se realizaron por Pablo VI con este motivo fueron una verdadera reforma del rito romano, una invención de laboratorio puesta en vigor por medio de la Constitución “Missale Romanum”.

Las irregularidades del proceso de sanción de esta Constitución, como su contenido, independientemente del rito nuevo que se pretendió imponer, debe ser detalladamente descrito para mostrar que ella no respeta las exigencias de una verdadera ley, o, en todo caso, que ninguna fuerza tiene para dejar sin efecto, por derogación, abrogación u obrogación el rito romano “canonizado por la Bula “Q.P.T.”.

A) Cronología de la reforma:

1969, abril 3:

Constitución Apostólica “Missale Romanum”: es la promulgación del N. O. M. y del Misal de manera anticipada. En la primera edición de esta Constitución, tal como aparece en la “editio typica” del Ordo Missae, falta la fecha de entrada en vigencia.

1969, abril 6:

Decreto “Ordine Missae”, de la Sagrada Congregación de Ritos. Promulga la “editio typica” del Ordo Missae y la “Institutio Generalis” (ésta última es una introducción al Ordo Missae y a todo el Misal). Este decreto es el que fija la fecha de entrada en vigencia de la Constitución “Missale Romanum”. Lo hace adjuntando una simple notificación a la Constitución ya aprobada.

1969, abril 6:

Primera edición de la “Institutio Generalis” dada por la Sagrada Congregación de Ritos.

1969, noviembre 18:

Declaración de la Sagrada Congregación de Ritos sobre la “Institutio Generalis”(para “clarificar” dicho documento), con ocasión de la segunda impresión del Ordo Missae.

1970, marzo 26:

Segunda edición de la “Institutio Generalis”, acompañando la “editio typica” del Misal Romano. Es un documento de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. En esta segunda edición se incluye pro primera vez la fecha en la Constitución “Missale Romanum”, determinada por la Sagrada Congregación de Ritos (6 de abril de 1969) sobre la entrada en vigencia de la Constitución.

1970, mayo:

Presentación, por la Sagrada Congregación para el Culto Divino, de la llamada “Edita Instructione”, acerca de los cambios en la “Institutio Generalis”.

1972, diciembre 23:

Tercera edición de la “Institutio Generalis” con una segunda corrección, posterior a la supresión del subdiaconado. Es de la Sagrada Congregación para el Culto Divino.

1972, diciembre 23:

Presentación del documento “Cum diae primo januarii”, de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, acerca de estos últimos cambios.

1975, marzo 27:

Cuarta edición de la “Institutio Generalis” con una tercera corrección. Publicada por la Sagrada Congregación para el Culto Divino, conjuntamente con la “editio typica altera”.

1975, marzo 27:

Decreto “Cum Missale Romanum”, acerca de la segunda “editio typica”, dado también por la Sagrada Congregación del Culto Divino.

Resumen:

Hasta esta fecha tenemos tres (3) “editiones typicas” del Ordo Missae, cuatro de la “Institutio Generalis” y dos “editiones typicas” del Missale Roanum”. Se ha realizado una corrección de la constitución “Missale Romanum”, tres correcciones de la “Institutio Generalis”, y una corrección del misal Romano.

Documentos accesorios:

1969, octubre 20:

Instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos para la aplicación sucesiva de la Constitución “Missale Romanum”: cada Conferencia Episcopal fijará la fecha a partir de la cual se deberá utilizar obligatoriamente el N. O. M. Este documento se da entre la separata que determinaba la fecha de entrada en vigencia de la Constitución, y la segunda edición de la misma y que incluía esta determinación.

1969, noviembre 26:

Alocución de Pablo VI, donde da algunas normas prácticas, indicando que emanan de la Sagrada Congregación de Ritos, acerca del carácter obligatorio del nuevo rito. Para los sacerdotes que celebran en público, esta obligación comienza el 28 de noviembre de 1971.

1971, agosto 30:

Carta del Cardenal Villot, señalando que el N. O. M. tiene continuidad con la Misa de San Pío V y tiene el mismo valor, etc.

1971, junio 14:

“Notificación” que aparece en “L’Osservattor Romano” de ese día, sin fecha, sin firma y desprovista de toda fórmula, donde se señala que pueden decir la Misa de siempre los enfermos, los ciegos (… sin concurso de pueblo), pero que para los demás es obligatorio el N. O. M.. ¡Pero, afirma el Cardenal L. Villot, esta notificación fue aprobada por Pablo VI, en una carta del 1 de octubre de 1975!, y Pablo VI, confirmó esto personalmente recién el 24 de marzo de 1976, señalando que la notificación emanaba de la Sagrada Congregación  para el Culto Divino.

1974, octubre 28:

Notificación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino sobre el uso obligatorio del N. O. M.

B) Valor Jurídico de la Constitución “Missale Romanum”:

a) Sobre la ausencia de fuerza legal de la misma, o al menos su carácter dudoso.

Afirmamos que dicha Constitución no reúne las condiciones jurídicas necesarias para ser tenida como una verdadera ley que imponga el N. O. M. de modo obligatorio, y que en todo caso, es dudosa por lo que permanece el derecho a continuar celebrando el rito romano conforme la autorización concedida por la Bula “Q. P. T.”.

1) No obliga a decir el N.O.M.:

Tesis: La Constitución “M. R.” no reviste los caracteres de una verdadera ley que cree obligación jurídica.

Primer argumento (no definitorio??):

En razón de las irregularidades señaladas en la cronología de su sanción. En efecto, la materia que pretende regular, el mismo culto central de la Iglesia Católica, exigía especial cuidado en cumplir las condiciones de promulgación, unidad de autoridad interviniente (¿?), fecha de entrada en vigencia, lugar de publicación, de acuerdo con los cánones 8, 9, 13, 17, y concordantes del Código de Derecho Canónico.

El N. O. M. es promulgado tres días después de la Constitución, y el misal Romano es presentado al Papa el 11 de mayo de 1970, más de un año después de la constitución. ¿Cómo se puede promulgar por anticipación un texto que todavía no existe, sin atentar contra elementales normas del derecho?. Jurídicamente esto es inadmisible.

La Sala de Prensa de la santa Sede distribuyó un comunicado que decía: “Por la constitución Apostólica Missale Romanum, fechada el 3 de abril de 1969, en la fiesta del Jueves Santo, el Santo Padre aprobó y ordenó la promulgación del nuevo misal”. Este texto no dice que Pablo VI aprobó el nuevo misal y ordenó su promulgación, sino que aprobó y ordenó la promulgación.

Además, el título de la Constitución es: “Constitución Apostólica con la que se promulga el misal Roano restaurado según los decretos del Concilio Vaticano II”. Pero al frente de la edición típica del Novus Ordo Missae, un decreto del 6 de abril, firmado por el cardenal Gut, Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, y por monseñor Antonelli, Secretario de la misma Congregación, promulga el Nuevo Ordo “aprobado por el Sumo Pontífice Pablo VI por la constitución Missale Romanum, dada el d{ia 3 de abril”.

Y en la edición típica del misal Romano, un decreto del 26 de marzo de 1970, firmado por el cardenal Gut y por el Padre Aníbal Bugnini, dice: “Habiendo sido establecido el Orden de la celebración eucarística y aprobados los textos del misal Romano por la Constitución Apostólica Misale Romanum, dada el día 3 de abril de 1969 por el Sumo Pontífice Pablo VI, esta Sagrada Congregación para el Culto Divino por especial mandato del Sumo Pontífice promulga y declara que debe usarse esta nueva edición típica del misal Romano preparada de acuerdo a los decretos del Concilio Vaticano II”. En esta edición figura el texto corregido de la Institutio Generalis, diferente al texto original de las tres primeras ediciones típicas ya promulgado por otro documento.

Curiosamente, en el nuevo Misal Romano, la Constitución Apostólica figura en el óndice de materias bajo el título “Liitterae Apsotolicae Pauli VI, quibus novum Missale Romanum approbatur”, mientras que en el índice de materias de la edición típica del Ordo Missae ella figura bajo el título de “Constitutio Apostolicae qua Missale Romanum (…) promulgatur”.

Más aún, la Constitución no es mencionada como tal en el título; el término Constitución aparece no al interior del documento sino en el parágrafo subrepticiamente agregado en la segunda edición típica del Novus Ordo Missae.

(Completar argumentos sobre irregularidades…)

Todas estas fastidiosas indicaciones, ¿no son signos evidentes de una irregular promulgación del Nuevo Misal Romano?, ¿no hacen de esta Constitución, al menos una disposición dudosa, poco clara e insuficiente para afirmar que es una verdadera ley?

Segundo argumento:

M. Un acto de autoridad no tiene fuerza sino cuando esta autoridad manifiesta claramente y sin equívocos que quiere obligar a sus súbditos. La sola expresión de una directiva, consejo o deseo, no basta. Incluso la manifestación de una simple voluntad carece de valor y es inoperante. Es necesario que esta voluntad se declare como una voluntad de obligar.

m. Ahora bien, por razones sólo conocidas por él, Pablo VI no ha expresado en su Constitución, de un modo que no deje lugar a dudas, su voluntad de que el N. O. M. sea estrictamente obligatorio.

C. Por tanto, la Constitución “Missale Romanum” no tiene los caracteres de una ley y sus disposiciones no son obligatorias.

Demostración de la menor (m.):

Surge por numerosos signos que Pablo VI no ha querido, al firmar la Constitución, dar al N. O. M. la fuerza de una verdadera ley, según todas las condiciones requeridas para ello por la tradición canónica. De la lectura de las palabras utilizadas en la misma Constitución resulta simplemente una directiva aumentada por un consejo, una exhortación, un deseo. La desobediencia a un simple mandato de {este tenor podría ser una falta, v. gr., si no hubiera razón para desobedecerlo, pero jamás sería un delito pasible de una pena canónica en el fuero externo, un acto de desobediencia a una “ley”.

Tratándose de un acto de carácter legislativo, es seguro que no debe buscarse la manifestación de la intención de obligar jurídica, ni en las alocuciones pontificias, ni en una simple circular de aplicación (tal como la instrucción del 20 de octubre de 1969). La expresión de la clara voluntad del legislador debe encontrarse en el mismo acto constitutivo de la ley: la Constitución apostólica “Missale Romanum”. Pero esta clara intención no aparece expresada allí…

Dos frases parecerían se han indicado como conteniendo esta voluntad, pero ellas han sido traducidas de modo incorrecto, por no decir tendencioso.

El texto latino de una de ellas utiliza textualmente estas palabras: “ad extremum, ex iis quae hactemus de novo Missali Romano exposuimus quiddam nunc cogere et efficere placet”, que en sus versiones vernáculas (también oficiales), han sido traducidas así:

Versión italiana: “Infini, vogliamo dare forza di legge a quanto abbiamo finora esposto intorno al nuevo Messale Romano”.

Versión Francesa: “Pour terminer, Nous voulons donner force de loi a tout ce que Nous avons expose plus Aut. Sur le nouveau Missel Roamein”.

Versión inglesa: “In conclusion Wi wish to give the strict force of law to all that We have set forth concerning the new Roman Missal”.

Versión española: “Para terminar, queremos dar fuerza de ley a cuanto hemos expuesto hasta ahora del nuevo Misal romano”.

De estas traducciones resultaría clarísimo que el uso del nuevo misal Romano sería obligatorio, pero ellas no traducen fielmente en las respectivas lenguas el original latino, que es el único texto oficial dentro de la Iglesia. El afirmar en las lenguas vernáculas “queremos dar fuerza de ley a cuanto hemos expuesto…”, no reproduce con exactitud y honestidad el sentido auténtico de la frase “cogere et efficere placet” utilizada en el idioma propio y oficial de la Iglesia.

“Las leyes eclesiásticas deben entenderse conforme a la significación propia de sus palabras” enseña el mismo Código de Derecho Canónico (cn. 18), y el significado verdadero y preciso de “cogere et efficere” no es el señalado en sus traducciones.

Los dos verbos forman una endíasis (figura retórica que consiste en expresar con dos palabras un único concepto); son una expresión del latín clásico usada más de una vez por Cicerón y tiene un significado preciso indiscutible. En el diccionario de Forcellini[6], en la voz “cogere” 11, se dice: “Interdum cogere est dicendo concludere (concluir, inferir). Cic. 2 ad Brust. 7:  Hoc cogere volebat, falsas litteras esse. ID: Leg. 2, 13: Sunt autem ea, quae posui, ex quibus id, quod volumus, efficitur et cogitur[7].

Igualmente, el Diccionario de la lengua latina, de Georges Calonghi[8], da a la voz italiana concludere, las siguientes correspondientes voces latinas: concludere, cogere (…), efficere, conficere ex aliqua re (deducir); ex quo effici cogique potest (de aquí se puede deducir).

Resulta con clara evidencia la semejanza entre las dos frases: “ex quo effici cogique potest” y la del texto de la Constitución Missale Romanum: “ex iis quae… expsimus quidam nunc cogere et efficere placet”.

A la luz de esta exposición filológica no es razonable ni honesto alimentar dudas sobre el sentido preciso de la endíasis “cogere et efficere”. Ella corresponde a los verbos: concluir, inferir, deducir, sacar una conclusión. Y pretender darle el sentido o significación de “dar fuerza de ley”, “dare forza di lege”, “donner force de loi”, o aún “to give the strict force of law”, es desfigurar, alterar el sentido propio de las palabras del texto oficial.

Además, el objeto directo de “cogere et efficere” es, en la frase que venimos analizando “quiddam” (algo - alguna cosa), que no puede ser sujeto idóneo de una ley moral.

Otra razón para negar fuerza de ley a dicha Constitución, ateniéndonos sólo a la interpretación de las palabras utilizadas, es que se ha alterado el indudable significado de la preposición ex (de, de aquí) en las preposiciones vernáculas: a, a, to y a, de manera que la frase “ex iis quae… exposimus”, ha sido cambiada de su sentido verdadero (“de cuanto… hemos expuesto), por otro falso: “a cuanto… hemos expuesto”.

Todo esto significa un cambio radical del sentido de la frase, que en buena traducción podría decir: “de todo lo que hasta aquí hemos expuesto con respecto al Misal Romano, creemos conveniente extraer ahora, para terminar, una conclusión”, o también “sacar una conclusión de cuanto ha sido expuesto. Es, por otra parte, el sentido adecuado que cabe asignarle, teniendo en cuenta el texto y contexto que sigue: lograr que alcance el mismo efecto del Misa Romano de San Pío V, la unidad litúrgica y pureza del culto en la Iglesia.

Y esto no equivale para nada a afirmar “dar fuerza de ley a cuanto ha sido expuesto”.

Tampoco está expresada está voluntad de obligar en el último párrafo de la Constitución donde quizás alguien podría pretender encontrar tal manifestación.

El texto dice: nostra haec autem statuta et prescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus” (“Nos queremos que lo que hemos establecido y prescripto sea tenido por firme y eficaz, ahora y en el futuro”).

Las palabras subrayadas expresarían la voluntad de voluntad de obligar, pero falta lo esencial: el Papa no detalla precisamente cuáles son las leyes y prescripciones que desea hacer “firma et efficacia”.

El “haec” que supone demostrarlas o designarlas, se refiere a todo lo que precede. Pero en todo lo que precede sólo se hallan dos prescripciones claramente indicadas: los tres nuevos c{anones y el inciso “quod pro vobis tradetur” agregado a las palabras de la consagración del pan. Pero justamente el uso de los tres nuevos cánones se presenta como puramente facultativos; y la adición de las palabras a la fórmula de la Consagración, es presentada por motivos tan dudosos en sí (razones pastorales, comodidad de la celebración), que la duda recae sobre toda la prescripción (en el caso de que ésta fuera realmente una prescrición).

Primera confirmación del argumento:

Apercibiéndose de estos defectos, algunos traductores han completado el texto latino auténtico de la conclusión de dicha Constitución. Así en la traducción francesa e italiana, luego de traducir incorrectamente, como hemos señalado, “queremos dar fuerza de ley”, se agregó la siguiente frase: “ordenamos que las prescripciones de esta Constitución entren en vigor el 30 de noviembre próximo”.

Segunda confirmación del argumento:

El Cardenal Gut[9], siendo Prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, nos da un testimonio de gran valor sobre la intención de Pablo VI: Esperamos que de ahora en más, con las nuevas disposiciones contenidas en los documentos, acabará esta enfermedad de la experimentación. Hasta ahora, se había permitido a los Obispos autorizar “experiencias”; pero a veces fueron franqueados los límites de esta autorización y muchos sacerdotes hicieron simplemente lo que les placía; así ocurrió a veces, que se impusieron. Muchas veces no se podía ya detener estas iniciativas tomadas sin autorización, porque todo se había expandido demasiado. En su gran bondad y sabiduría, el Santo Padre ha cedido entonces frecuentemente contra su voluntad”.

Tercer argumento:

Las numerosas correcciones de los documentos (recordar la cronología: tres ediciones “typicas” del Ordo Missae, cuatro de la “institutio Genralis” y dos del Misal romano).

Entre estas correcciones se encuentran algunas de suma importancia, v. gr., la del artículo 7 de la “Institutio Generalis”, donde originariamente se daba una definición protestante la Santa misa. Pablo VI, ¿promulgó la primera definición de la Misa, definición protestante, o la segunda, flojamente ortodoxa? Su Constitución “Missale Romanum”, ¿ nos obliga a aceptar la primera o la segunda definición?, ¿o tal vez la dos?

Canónicamente, un decreto de aplicación no puede modificar lo que el legislador ha establecido en una Constitución. Un documento de ésta índole no puede ser modificado o abolido más que por otra Constitución. Sólo un Papa puede, y no de modo absoluto, como hemos dicho al principio, modificar, por un documento de igual jerarquía o valor, una constitución, corrigiendo su texto, completándola o suprimiéndola.

Aquellos puntos en que una Instrucción de una congregación o una notificación modificasen una constitución, son nulos según el derecho.

Ahora bien, se ha pretendido modificar la constitución “Missale Romanum”, precisamente en lo referente al uso de modo obligatorio del “N. O. M.”, y a la fecha de su entrada en vigencia, a través de instrucciones y notificaciones de la Sagrada congregación para el Culto Divino…

Por otra parte, las posteriores intervenciones de Pablo Vi por medio de declaraciones no tiene ni pueden tener efecto retroactivo. No puede hacer que las afirmaciones que pronuncia hoy estén incluidas por lo mismo en el documento que firmó anteriormente. O están o no están.

Ahora bien, Pablo VI publicó una Constitución donde nada se dice del carácter obligatorio del N. O. M. ni se habla de la fecha de entrada en vigencia, que es lo propio y necesario para que adquiera fuerza obligatoria. “Para que la ley adquiera fuerza obligatoria, que es lo propio de la ley, es necesaria su aplicación a los hombres… y tal aplicación se realiza cuando, mediante la promulgación se pone en conocimiento de tales hombres”[10].

Pablo VI podía cambiar estos defectos de su constitución, pero pública, oficialmente y por un documento salido de sus propias manos, y no del modo subrepticio como se hizo.

Cuarto argumento (esencial):

La Constitución “Missale Romanum” y el N. O. M., son contrarios al Bien común de la Iglesia y por tanto resultan inválidas en cuanto pretenden imponer un nuevo rito para la celebración de la Misa.

Esta constitución es incompatible con la misma definición de ley, que es “la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad”[11].

La ley es, esencialmente, un acto de la razón práctica, y no de la voluntad. Porque es propio de la razón, y no de la voluntad, ordenar al hombre al debido fin por los medios m{as aptos y proporcionados. En la formación de la ley interviene también la voluntad, pero no es causa eficiente de la misma, ya que entonces el simple capricho del legislador podría erigirse en ley.

Una ley que va contra el orden de la razón deja “ipso facto” de ser ley, o, más precisamente, no puede erigirse en ley.

Ahora bien, el rito romano responde acabadamente a la expresión de las creencias y dogmas católicos acerca del Sacrificio Redentor de Cristo, de su renovación incruenta en la Santa Misa, y de todas las verdades que giran en torno a este misterio, de modo que respondía totalmente al adagio “ley credendi-lex orandi”, mientras que el “N. O. M., si se consideran los elementos nuevos, susceptibles de apreciaciones muy diversas, que aparecen subentendidos o implicados, se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la XXII Sesión del Concilio de Trento, el cual al fijar definitivamente los “cánones” del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio”[12].

“El apartarse de la tradición litúrgica, que fue garantía de la unidad del culto, para substituirla por otra nueva – que no puede no ser un signo de cisma, por las innumerables facultades implícitamente concedidas, y la cual pulula ella misma con gravísimas ambigüedades, por no decir errores manifiestos contra la pureza de la Fe Católica – nos parece, para expresar nuestra opinión más benigna, el error más monstruoso”[13], y resulta evidentemente contraria al Bien común de la Iglesia. Por tanto, la Constitución que pretende imponer tal apartamiento carece de fuerza legal.

En la Iglesia, el ir contra el bien común es ir contra el mismo bien divino (al cual Ella se ordena), y toda ley que así lo intente es perjudicial a la gloria de Dios y la salvación de las almas, no es ley y carece de toda fuerza obligatoria.

Además, toda modificación de una ley (y particular y  esencialmente la que nos ocupa, que toca al centro del Culto de la Iglesia universal), enseña Santo Tomás, es “de suyo, un perjuicio para el bien común”[14], y por ello afirma que no debe modificarse “sino cuando se favorezca el bien común por una parte lo que por otra se perjudica. Y esto acontece siempre que del nuevo decreto se saca un provecho muy grande y notorio o en caso de extrema necesidad, cuando la ley vigente por largo tiempo entraña una injusticia manifiesta y su cumplimiento es sumamente nocivo”[15]. Por ello, señala valiéndose de lo establecido en los “Decretales”, que “es un absurdo y una afrenta detestable permitirse quebrantar las tradiciones que de antiguo hemos recibido de nuestros antepasados”[16].

Estos argumentos a nuestro entender son irrefutables porque van al fondo de las cosas, se basan en principios superiores, los fundamentales y que hacen a la esencia misma del problema…

2) Es, al menos, una ley dudosa:

En todo caso, las mismas razones alegadas hasta ahora, abren una duda suficiente de derecho sobre su fuerza obligatoria.

Y es sabido que en caso de duda de derecho las leyes no obligan (cn. 15 del Código de Derecho Canónico de 1917).

b) Supuesto el carácter de ley, argumento dado pero no concedido, la Constitución no ha abrogado, derogado, ni obrogado la Bula “Q. P. T.”.

1) Aspectos preliminares:

Existen tres maneras por las cuales una legislación puede cesar en su aplicación:

i)                    puede ser ABROGADA, es decir, completamente abolida. La abrogación es un acto de la autoridad legislativa que suprime totalmente la obligación de una ley. Cuando una ley es abrogada, la nueva legislación debe señalarlo específica y claramente. En otras palabras, debe resultar de una voluntad expresa del legislador, por la que manifiesta formalmente la supresión de la norma que intenta dejar sin efecto;

ii)                   puede ser DEROGADA, es decir, que la ley sigue vigente, pero parcialmente modificada. La derogación significa propiamente, en lenguaje canónico, la restricción o disminución, provisoria o definitiva, de la obligación impuesta pro una ley. En este caso, también la nueva ley debe señalar claramente las partes u obligaciones que deroga de la ley anterior;

iii)                 puede ser OBROGADA (o revocación tácita), es decir, que deja de existir por la voluntad implícita del legislador, cuando éste dicta una nueva ley que sustituye automáticamente la anterior sin necesidad de mencionarla específicamente, o disponer su abrogación. Esto puede tener lugar o porque hay oposición directa o indirecta entre una y otra legislación, o porque la nueva ley reorganiza totalmente la materia de la ley precedente. Si la nueva legislación se refiere a una materia totalmente nueva, evidentemente la ley anterior que regula una materia distinta no queda afectada.

Nuestra tesis es que la Bula “Quod Primum Tempore” no ha sido ni abrogada, ni derogada ni obrogada por la Constitución “Missale Romanum”, ni esta podía hacerlo tratándose además de una Bula que a sólo ha restaurado una costumbre que mantiene su condición de “inmemorial”.

No ha sido abrogada:

Y la razón es que Pablo VI no lo ha dicho clara ni específicamente. La Bula “Q. P. T.” No es siquiera mencionada en la Constitución “Missale Romanum”. La cláusula final contenida en ella que dice “no obstante las constituciones apostólicas y ordenanzas emitidas por nuestros predecesores y demás prescripciones, incluso aquellas que merecen especial mención”, es demasiado genérica para que, de acuerdo al estilo canónico, y en materia de tan grave importancia como sería derogar una tradición multisecular, y una Bula que constituye un acto legislativo perfecto, claro y decisivo, que otorga además un privilegio a perpetuidad para celebrar la Santa Misa en el rito romano.

En todo caso se puede aplicar aquí el canon 23: “En la duda, la revocación de la ley preexistente no se presume, sino que las leyes posteriores deben ser referidas a las precedentes y, tanto, como sea posible, conciliadas con ellas”.

Podría objetarse, como algunos lo han hecho, la alocución consistorial de Pablo VI (24 de mayo de 1976), en la cual afirmó que el “N. O. M.” no ha sido dejado a la libre elección de sacerdotes y fieles, queriendo con ello significar la obligación estricta por él impuesta y la substitución del “ordo missae” restaurado por Pío V.

En respuesta a tal objeción, debemos notar (hecho significativo) que el mismo Pablo VI cita, como autoridad que respalda su afirmación, la instrucción de 1971 de la Sagrada Congregación para el Culto divino, y no su propia Constitución Apostólica. Además, en el mismo Consistorio, podría haber declarado solemnemente que había derogado la Bula “Q. P. T.”, o el rito romano anterior, terminando así con su “status” de costumbre inmemorial, pero no lo hizo.

No ha sido derogada:

Y ello porque la Constitución “Missale romanum” no expresa clara y específicamente las obligaciones que suprime y las obligaciones nuevas que impone.

Para expresar claramente el carácter exacto de la “obligación” que pretendía suprimir, Pablo VI debía referir detallada y precisamente su constitución a la Bula de su predecesor, San Pío V.

Sin embargo, en su Constitución “Missale Romanum”, se descubre que: gran parte de la misma se emplea para describir las novedades del nuevo Misal; y la parte final, que se creería dispositiva, no declara con precisión, ni de acuerdo con las normas canónicas: ni lo que manda, ni lo que prohíbe, ni lo que altera, ni lo que concede.

No ha sido obrogada:

Pues la Constitución “Missale Romanum” aunque legisla sobre materia litúrgica al igual que Bula “Q.P.T.”, no se puede decir que directamente ni indirectamente sus disposiciones se opongan a las de la Bula “Q. P. T.”, ni aún que ella reorganice totalmente la materia de la ley precedente.

La materia no es nueva porque ya estaba legislada no sólo por la Bula “Q. P. T.”, sino a través de una costumbre inmemorial…

Hay oposición directa cuando la segunda ley niega lo que la primera afirma, y en ninguna parte encontramos esta oposición[17] entre lo que dispone la Bula “Q. P. T.” y lo sostenido en la Constitución de Pablo VI: la primera es explícita en cuanto a imponer el uso del rito romano a las personas lugares y que ella enuncia, mientras que el texto posterior de Pablo VI, nada tiene en sentido contrario como ya hemos hecho notar. Tampoco hay oposición indirecta, porque ésta se da cuando la nueva ley enuncia disposiciones diferentes de la ley anterior, pero permaneciendo, a pesar de todo, en relación con ella, en cuyo caso no puede concluirse la desaparición de las antiguas disposiciones, sino que deben conciliarse. Ahora bien, además de las dudas que ya dejamos expuestas acerca de la fuerza legal de la Constitución de Pablo VI, su contenido no tiene nada que no pueda compatibilizarse con lo preceptuado por San Pío V, porque los privilegios, obligaciones y preceptos de su Bula, pueden permanecer con el “permiso” concedido para celebrar el “N. O. M.” como explícitamente otorga el decreto del 26 de marzo de 1970: “Ad usum autem novi Missalis Romani quod attinet, permittitur ut editio Latina, statim ac in lucem edita fuerit…”

En fin, alguna dificultad puede encerrar la última posibilidad que afirma la obrogación de la ley antigua, cuando la nueva reorganiza por completo toda la materia de la ley precedente.

Para que este supuesto se aplique, la existencia de la reorganización completa debe colegirse de la intención del legislador y de la amplitud de la misma reforma legal, aunque ella no modifique todos los puntos de la ley anterior.

Una primera razón para negar que exista esta oposición es que desde siempre han existido en la Iglesia latina diversos ritos sin oposición entre ellos y sigue siendo algo no prohibido, y la nueva ley no torna, por el sólo hecho de “inventar” un “novus ordo”, ni inútil, ni ineficaz el anterior.

Coronatta, hablando de la obrogación, afirma que la nueva ley ordena íntegramente la materia cuando el legislador en su ley establece normas sobre las mismas cosas e iguales casos acerca de los cuales ordenaba la ley anterior. Ahora bien, la Constitución “Missale Romanum” no cubre toda la materia que abarcaba la Bula “Q. P. T.”, porque Pablo VI se refiere sólo al rito romano, alterándolo de tal manera que lo diferencia notablemente de los demás ritos de la Iglesia Universal, al punto que, son los demás ritos los que deberán ser reformados para armonizarlos con el nuevo rito romano, tal como ha sucedido con el maronita y otros, que han debido ser traducidos primero a la lengua vernácula, y luego reformados tomando como modelo el “N. O. M.”. La Bula “Q. P. T.”, en cambio, hace referencia no sólo al rito romano, sino también a los demás ritos de la Iglesia, imponiendo la obligación del rito romano a todos aquellos que no tuviesen una antigüedad mayor de doscientos años, y permitiendo la vigencia de aquellos protegidos por una costumbre inmemorial.

Además, los canonistas españoles Miguélez Domínguez, Morán y Cabreros de Anta, hablando de la reorganización completa de una materia, afirman que ella - además de la amplitud de la legislación -, “debe colegirse de la intención del legislador”[18], y Naz afirma que “el examen del texto [de la ley] revelará si el legislador a querido revocar todas las disposiciones anteriores”[19].

Hemos visto qué pensar ya del texto de la Constitución “Missale Romanum”, pero, ¿cuál fue la intención de Pablo VI?

Nunca fue explícito en afirmar que derogaba la Bula San Pío V, al menos al sancionar la Constitución “Missale Romanum”, y aún se puede decir que claramente no hubo intenciòn de hacerlo, y sí hubo una voluntaria intención de dejar indefinido este punto clave en particular.

Bugnini, el principal “instrumento” de Pablo VI en toda la reforma, es clarísimo al advertir esta intención, y reclamar insistentemente una definción oficial sobre el tema de la obrogación del rito romano tradicional. Ante el reclamo de numerosos obispos pidiendo un pronunciamiento explícito, y que fue contestado por la Secretaría de Estado afirmando lo inoportuno de una declaración de la Comisión para la interpretación de los Documentos del Concilio[20], señala el propio Bugnini que “una respuesta favorable a la Reforma hubiera sido visto un «atto odioso nei confronti della tradizione liturgica»”[21].

En síntesis, de ningún modo ha habido “obrogación” de la Bula “Q. P. T.”.

2) Razones suplementarias:

Costumbre inmemorial.

La constitución “Missale Romanum” no anula el status de costumbre inmemorial del cual goza el rito romano. La abrogación, derogación u obrogación de la Bula “Q. P. T.”, puede ser considerada independientemente de la anulación del rito romano, ya que éste no debe su existencia y fuera jurídica a la Bula. El rito de la Misa, restaurado y regulado por San Pío V es lo que en derecho canónico se conoce como “costumbre inmemorial” y, como tal, ya estaba protegido y regulado antes de la sanción de la bula “Q. P. T.”

La costumbre, como derecho no escrito, es introducida por los actos repetidos de la comunidad y el consentimiento del legislador, y puede ser anulada: por una costumbre contraria, por una ley anterior que se oponga a su introducción (ninguno de estos supuestos tiene aplicación a nuestro tema), o por una ley posterior, que podría ser nuestro caso.

Pero al respecto es sentencia común que si la costumbre es “privilegiada” o “inmemorial”, la ley general posterior no la abroga, salvo mención especial, formal de parte del legislador.

Las cláusulas derogatorias generales en uso en los documentos pontificios, y también las utilizadas en la constitución “Missale Romanum”, tales como “no obstante la costumbre”, o “a pesar de cualquier costumbre”, no derogan las costumbres inmemoriales, puesto que estas representan el bien general y merece el favor especial por parte del legislador. Por ello, se las mantiene hasta tanto el legislador no las elimine con una declaración expresa y taxativa.

Como la Misa Romana es una costumbre inmemorial, si debiera ser prohibida, el Papa que lo hiciera debería mencionar expresamente su prohibición. Y Pablo VI, conociendo este argumento, podría haber mencionado y abolido expresamente la costumbre, pero no lo hizo.

Se plantea como objeción que la costumbre inmemorial pierde su “status” al ser regulada por la ley escrita (la Bula “Q. P. T.”), pero se debe responder que, siguiendo el consenso de los canonistas, en este caso, la Misa Romana, al ser regulada por la Bula “Q. P. T.”, esta no reemplaza la costumbre, sino que se le agrega, de modo tal que la materia queda doblemente regulada, por la costumbre precedente y por la subsiguiente ley escrita, sin abrogación u obrogación de aquella.

Privilegio inmemorial:

Pío V, por la Bula “Q. P. T.”, concedió a todo sacerdote el privilegio de celebrar el rito romano sin que pueda ser molestado. y su uso ha hecho de él un privilegio inmemorial que no es necesario probar.

Para revocarlo no es suficiente una ley contraria, sino que es necesario también - como en el caso de la costumbre -, una referencia explícita dejándolo sin efecto. Como ello no ha ocurrido, se puede decir que el mismo continúa vigente y puede ser aprovechado por cualquier sacerdote en su favor.

Vanellus Bonaerensis

[1] Concilio de Trento, Sesión XXII, cap. IV.

[2] Ídem nota anterior, cap. V.

[3] S.T. I-II, q. 97, a. 3, sed contra.

[4] “Hoc facite in meam commemorationem uti semper catholiqua Ecclesia intellexit et docuit”, enseña explícitamente el Concilio de Trento (Sesión XXII, cap. I “De institutione sacrosancti Missae sacrificcii”.

[5]  Constitución “Sacrosanctum Concilium”, n° 50.

[6]  “Totius latinitatis lexicon opera et studio AEGIDII FORCELLINI lucubratum… novo ordine digestum, amplissime auctum et emendatum curta et studio VICENTII DE-VIT. Prati, 1861, T. II, p. 261.

[7]  Consultar también la misma obra, página 824, bajo la voz Efficio 10: Item disputandfo cocludere, colligere, probare. Cic. Nat. D. 3, 13: Innumerabilia sunt ex quibus effici cogi que possit, nihil esse, quod sensum habeat, quin intereat.

[8]  Vol. II, edición Torino, 1921, col. 302.

[9]  “La Documentation Catholique”, n° 1551, 26 de noviembre de 1969, pp. 1048-1049).

[10]  S. T. I-II, q. 90, a. 4.

[11] Ídem nota anterior.

[12]  “Brevbe examen crítico del Novus Ordo Missae”, por los cardenales Ottaviani y Bacci.

[13]  Ídem nota anterio, “in fine”.

[14]  S. T. I-II, q. 97, a. 2.

[15]  Ídem nota anterior.

[16]  Ídem…, sed contra.

[17]  Por supuesto que nos referimos, no a la oposición de fondo que existe verdaderamente entre el rito romano tradicional y el nuevo rito, sino a la oposición – supuesta hipotéticamente la condición de verdadera ley de parte de la Constitución “Missale Romanum” –, en los aspectos canónicos de forma que pudieran ser contrarios y confrontar una y otra disposición de manera que una obroge la otra.

[18] “Código de Derecho Canónico y legislación complementaria”, ed. BAC, Madrid, año 1949, comentario al canon 22.

[19] “Traité de Droit Canonique”, de. Letouzey et Ané, París, año 1946, t. I, cap.VIII, p. 138.

[20] Respuesta del 10 de junio de 1974, nº 258911.

[21] Annibale Bugnini, en “La Riforma Liturgica”, de. Centro Liturgico Vincenziano, EDIZIONE LITURGICHE, Roma, año 1983, cap. “Contra la Reforma” in fine.