Solo el Papa tiene potestad de dirigirse y refrenar al Templario; el Temple es y será una Prelatura

de Cba Cab, el Domingo, 12 de diciembre de 2010 a las 23:05

El Papa goza en la Iglesia Católica de un estatus de jerarquía suprema, poseyendo el primado sobre todos los demás obispos y la plenitud de la potestad de régimen (como se denomina en la Iglesia Católica al poder legislativo, ejecutivo y judicial), la cual puede ejercer de forma universal, inmediata y suprema sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles católicos. La autoridad del obispo de Roma, su jerarquía dentro del Magisterio de la Iglesia es reconocida por los Católicos Romanos, y no así por los demás cristianos.

La contribución del Estado al sostenimiento económico de la Iglesia Católica tiene explicaciones diversas según la historia y cultura de cada país, y en cada caso tiene un alcance diferente.

En España la contribución tiene lugar con arreglo a un sistema más libre y dependiente de la voluntad de cada ciudadano. Hasta 2006 cada ciudadano en su declaración de la renta podía elegir asignar un 0,54% de sus impuestos al sostenimiento económico de la Iglesia Católica o «a otros fines sociales» — pero no a otras iglesias — marcando una o las dos casillas destinadas al efecto en la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esto le aportaba ala Iglesia Española un 30% de sus ingresos. el 70 % restante de sus ingresos dependian principalmente de las donaciones de los fieles. Hasta 2006 la Iglesia Católica tenía garantizado un nivel mínimo de ingresos, que el Estado completaba cada año al no alcanzarse por la vía anteriormente explicada. Hasta 2006 la iglesia también disfrutaba de algunas ventajas como las exenciones y no sujeciones de la Iglesia Católica al IVA. Principalmente la exención se aplicaba a operaciones realizadas por determinadas instituciones de la Iglesia Católica en España, entre ellas “la adquisición de objetos destinados al culto”. A partir del año 2007 se aplica un sistema que potencia la autofinaiciación como ocurre en otros paises de Europa. A finales de 2006 se firmó un nuevo acuerdo entre Conferencia Episcopal Española y el Gobierno español, ratificado por el intercambio de Notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, por el que se pasa de una asignación voluntaria en la decalaración de la renta del 0,54% a un 0,7% sin tener que completar un mínimo de asignación como anteriormente sucedia. El acuaredo se resume en estos puntos:

  1. Sustitución del sistema de dotación presupuestaria por el de asignación tributaria
  2. Elevación del actual coeficiente de asignación tributaria al 0,7 por ciento;
  3. Desaparición de las actuales exenciones y no sujeciones de la Iglesia Católica al IVA;
  4. Compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria.

También el Estado español subvenciona otras actividades y entidades católicas por medio de subvenciones y convenios para actividades y programas, como hace con cualquier tipo de asociación, fundación y entidad que puede acogerse a este tipo de ayudas. En cualquier caso estos ingresos son varias veces inferiores a los que el estado paga por los conciertos o acuerdos de financiación de las escuelas católicas. En resumen, actualmente la Iglesia Católia Española depende su financión económica principalmente de las aportaciones de los fieles y de la aportacion voluntaria del 0,7% en la Decalaración de la Renta anual. Estos acuardos han apoyado que se eleve y trabaje hacia un 0,7% no excluyente con “otros fines sociales”.

La Iglesia Católica contabiliza como católicos a todos los bautizados en la Iglesia que no hayan hecho acto formal de defección de ella, incluso si no asisten a sus actos, no reciben sus sacramentos, no bautizan a sus hijos, no viven de acuerdo a sus enseñanzas y no reconocen las enseñanzas básicas de la fe. En efecto, la Iglesia no se considera un grupo de perfectos, que siempre observen todos los mandamientos, sino de pecadores, como se expresa litúrgicamente durante la misa.

Así mismo, en los países donde el catolicismo es la religión tradicional y mayoritaria, el bautismo ha dejado de ser únicamente un Sacramento para convertirse además en un acto social, todos los bautizados son considerados miembros de la Iglesia a todos los efectos, tantos derechos como deberes. Lo mismo sucede con la primera comunión. También puede que sea un acto social para ciertos grupos sociales el matrimonio eclesiástico, pero quienes lo hacen son adultos que actúan sin más presión que la costumbre y son responsables de sus actos (no era así cuando, en regímenes políticos católicos, el matrimonio eclesiástico era la única forma para los bautizados de legalizar la unión conyugal,- y la unión de hecho un delito). Pero celebrar la primera comunión o el matrimonio eclesiástico, con o sin sincera devoción, no es lo que los hace católicos, sino el bautismo; y el no celebrarlos tampoco automáticamente excluye de la Iglesia, finalmente depende de cada católico y su fe la forma en que se recibe cada sacramento.

Es posible la defección de la Iglesia por «un acto formal» (cánones 1086 y 1124 del Código de Derecho Canónico). La naturaleza de tal acto formal está explicada clara y precisamente en la carta circular 10279/2006 del 13 de marzo de 2006 dirigida por el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos a los Presidentes de las Conferencias Episcopales.

El acto debe concretarse en:

a) la decisión interna de salir de la Iglesia Católica por un acto de apostasía, herejía o cisma;

b) la actuación y manifestación externa de esta decisión;

c) la recepción por la autoridad eclesiástica competente de la decisión.

Si falta este acto formal de defección de la Iglesia, nadie queda excluido de ella, ni siquiera por los actos más graves de infidelidad: “la herejía formal o (menos aún) material, el cisma y la apostasía no constituyen a solas un acto formal de defección, si no son concretizados externamente y si no son manifestados en la debida manera a la autoridad eclesiástica” (citada carta del Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos).

La excomunión es una pena medicinal (canon 1312 del Código de Derecho Canónico), una medida finalizada a la conversión, no a la exclusión. Por eso sólo inhabilita para tomar parte de lleno en las actividades de la comunidad (canon 1331), pero el excomulgado sigue siendo considerado miembro de la Iglesia.

El aludido documento de la Santa Sede del 2006 observa que un acto meramente jurídico-administrativo de abandono externo de la Iglesia puede coexistir con la voluntad de perseverar en la comunión de la fe; y que la herejía formal o (menos aún) material, el cisma y la apostasía no constituyen a solas un acto formal de defección, si no son concretados externamente y si no son manifestados en la debida manera a la autoridad eclesiástica. Sólo si se pone el acto en forma personal, consciente y libre por escrito delante del propio Ordinario o cura párroco, puede realizarse el acto formal de defección. En efecto, son muchos los actos de infidelidad (por ejemplo, el matrimonio civil de un divorciado o de una divorciada) que evidentemente no siempre implican la voluntad de abandonar la Iglesia.

En otros países, mientras generalmente las personas se alejan de la Iglesia sin desear cortar formalmente su conexión con ella, algunas asociaciones de ateos o escépticos y algunos grupos protestantes animan a entregar declaraciones de apostasía o herejía. Sólo con la carta circular del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos del 13 de marzo de 2006 se hizo totalmente claro el procedimiento eclesiástico a seguir en estos casos.

La doctrina de la Iglesia exige de los fieles la aceptación del Magisterio (la doctrina oficial), siendo delito de herejía “la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma” (canon 751 del Código de Derecho Canónico). Actualmente, sólo se inician acciones disciplinarias contra los teólogos que, mientras se declaran católicos, defienden, con cierta influencia, ideas alternativas en esos terrenos, privándolos de la autoridad de enseñar con el título de profesores de teología católica, pero no respecto a los fieles comunes, por mucha que sea su relevancia pública, contra los cuales puede aplicar sólo penas espirituales.

Siroco