Comisión de la Verdad del Genocidio en Canadá

de Cba Cab, el El Sábado, 14 de agosto de 2010 a las 23:03

Informe y Conclusiones de los Jueces del Tribunal de la Asociación Internacional de Derechos Humanos de las Minorías Americanas (AIDHMA), Royce y Lydia White Calf, con relación a las Alegaciones de Asesinato y Genocidio perpetrados en las Escuelas Residenciales contra los pueblos aborígenes de Canadá con fecha del 15 de julio de 1998.

Estas conclusiones se basan en los testimonios y las pruebas documentales presentadas ante el Tribunal, en las vistas celebradas en Vancouver, C.B., del 12 al 14 de junio de 1998.

Concluimos que el Gobierno de Canadá, la Iglesia Católica, la Iglesia Unida, la Iglesia Anglicana, la Real Policía Montada de Canadá, y las empresas locales, son corresponsables del cruel y execrable genocidio de las Primeras Naciones de Canadá, con especial énfasis en el sistema de Escuelas Residenciales, fundadas a lo largo del siglo XIX, para perpetuarse hasta finales del siglo XX.

Los testimonios prestados nos llevan a la clara conclusión de que la red de escuelas fue una útil fachada tanto para la práctica como para el perfeccionamiento de técnicas de exterminio contra criaturas indefensas.

También es claro y manifiesto que el Vaticano autorizó la experimentación Nazi con niños, en su intento de exterminio del pueblo judío en Europa. Consideramos la relación del Vaticano con el gobierno canadiense, tras la fachada de la moralidad religiosa, de una naturaleza extremadamente perversa.

Las escuelas residenciales fueron, por tanto, poco más que campos de concentración y exterminio institucionalizado y sistemático de la descendencia de la Primeras Naciones, donde, aquellos que no fueron literalmente asesinados, quedaron permanentemente lisiados en su funcionamiento como ciudadanos propiamente dichos, así como en la estructura social de sus conquistadores.

Hallamos al gobierno de Canadá, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Anglicana y a la Iglesia Unida responsables de la comisión de los siguientes crímenes:

1. El asesinato de forma cruel e despiadada de al menos 50.000 criaturas indefensas descendientes de las Primeras Naciones.

2. La práctica sistemática de un régimen de brutalidad e intimidación en el que imperaba el abuso físico, emocional, psicológico, sexual y espiritual.

3. El secuestro sistemático de los niños separándolos de sus familias y de sus naciones, y su confinamiento, contra la voluntad de sus familias, en escuelas residenciales de territorios lejanos para provocar el desmembramiento familiar y nacional de sus pueblos.

4. La experimentación clínica con los niños, a menudo, con resultado de muerte.

5. El castigo cruel y despiadado, incluida, aunque no exclusivamente, la aplicación de corrientes eléctricas, el azotamiento público o el acordonamiento de sus genitales, la inhalación de gases, y el lanzamiento de niños por las escaleras.

6. El envenenamiento sistemático de niños mediante la provisión de alimentos y agua contaminada con virus letales, y el flagrante desprecio por su comida tradicional.

7. La propagación deliberada de enfermedades mortales.

8. La esterilización forzada de jóvenes y niñas.

9. Negligencia criminal por parte de las autoridades y los miembros del personal de las escuelas, mientras los niños yacían enfermos, o/y la agresión y provocación de daños a los niños. Aquí se incluye el testimonio de una de las niñas a la que las monjas arrancaron el pelo a mechones según yacía moribunda, vomitando sangre negra, víctima de una apendicitis aguda. (Caso de Rose Jonson, de nueve años, muerta en 1941 en la escuela residencial católica Christie de Meares Island, C.B.).

10. El aborto y el asesinato sistemáticos de los recién nacidos, de las niñas y jóvenes embarazadas, tras ser violadas por los sacerdotes y demás miembros del personal. Los restos de las jóvenes y de los niños asesinados están enterrados en fosas comunes.

11. La institucionalización de un sistema para deshacerse de los cadáveres, a través de los hospitales locales, sin notificación alguna a las familias y a las naciones, y sin celebrar funerales ni entierros de los fallecidos, enterrándolos en fosas comunes que, según un buen número de testimonios, existen en todas y cada una de las escuelas residenciales.

12. La provocación de deformaciones y lesiones de por vida, mediante la provisión de calzado inadecuado, palizas, y la práctica odontológica sin utilización de anestesia.

13. Trabajo forzado infantil.

14. La administración rutinaria de drogas y sustancias químicas como el Luminol, y otras drogas de habituación, como barbitúricos hipnotizantes, para forzar a los niños a realizar actos sexuales individuales y colectivos.

15. La obstrucción a las investigaciones policiales y la falsificación de documento público.

16. La expropiación ilegal y masiva de tierra, el genocidio reiterado, y la destrucción de las Primeras Naciones de todo el territorio canadiense, privándolas del derecho de representación y voto, en provecho del gobierno de Canadá, de la Iglesia Unida, de la RPMC, y de diversos intereses empresariales.

Estos crímenes se cometieron en flagrante violación, tanto del derecho internacional —de la Convención del Genocidio de las Naciones Unidas de 1948—, como de la ancestral legislación tribal y humana, en base a la cual jamás se hubiera podido dar la institucionalización de semejante perversión.

Veintisiete personas, por separado, han prestado testimonio oral este Tribunal, y el resto ha presentado declaración jurada por escrito, relatando sus vivencias en las siguientes escuelas residenciales indias de Columbia Británica: las escuelas Ahousat, Alberni y Coqualeetza (de la Iglesia Unida); Alert Bay — St. Michael (de la Iglesia Anglicana); y Meares Island, North Vancouver, Kuper Island y Mission — St. Mary (de la Iglesia Católico-romana). Los crímenes tuvieron lugar entre los años 1932 y 1971, aunque las escuelas se inauguraran un siglo antes.

Hemos de subrayar, por su vital importancia, que cualquier medida de compensación económica que el gobierno de Canadá pueda adoptar habrá de ir a parar directamente a manos de las víctimas y de los supervivientes, y no a las de los representantes de tal o cual agencia, clan o tribu.

También es imprescindible el requisito colectivo de la fundación de un lugar tradicional de conmemoración, cuya ubicación y denominación habrán de ser elegidas por los supervivientes, en el que se hagan constar los nombres y apellidos de todas y cada una de las víctimas para su debido proceso de duelo.

Por consiguiente, se insta al gobierno de Canadá y a las iglesias implicadas a poner en marcha un plan para la localización de los restos de las personas desaparecidas, a fin de repatriarlas junto a sus familiares, para recibir sepultura conforme a su tradición.

Consideramos que, de seguir estas simples recomendaciones, el Gobierno de Canadá daría muestras de su excelente e inteligente elección ante el genocidio más espeluznante jamás acaecido en la historia de la humanidad —el asesinato institucionalizado de 50.000 criaturas indefensas descendientes de las Primeras Naciones, cuyo únicos delitos, al parecer, no fueron otros que el color de su piel y su orientación cultural.

Muchas gracias por su atención.

Royce y Lydia White Calf

15 de julio de 1998

Boulder, Colorado, Estados Unidos de América

Caballero Cátaro de la Sangre Real… Jaime Bosch CAB SR